Hoy, 12 de octubre, las efemérides obligan a celebrar una fecha que manchó de sangre nuestro suelo para imponer con la espada y con la cruz valores que para los habitantes originarios de nuestra América eran absolutamente ajenos. Es por cierto, el origen de muchos de los problemas que persisten: exclusión, autoritarismo e imposición violenta de proyectos hegemónicos. Pero es también algo aún más concreto y atingente: la usurpación de las tierras de los pueblos originarios mediante la fuerza o el engaño y el comienzo de siglos de opresión.
El día de hoy no merece celebración, sino que exige un acto de memoria histórica: uno que nos permita reconocer en el pasado la raíz de nuestras actuales injusticias para con los pueblos originarios. El 12 de octubre es el inicio de largos siglos de usurpación de recursos, opresión de nuestros pueblos, depredación de nuestra madre tierra y la división de los pueblos bajo fronteras arbitrarias. Tras la conquista, vino el Estado chileno igualmente usurpador y racista que con perspectiva elitista y desarrollista desvalorizó el aporte y cultura de los pueblos indígenas al considerar de primera necesidad ocupar su territorio para beneficiar a la elite hiunca. Esta política de colonización y usurpación deliberada fue la causa de la muerte del pueblo Selknam y Kaweshkar en el extremo sur, y es la culpable de la actual situación del pueblo mapuche.
A 517 años de la conquista española, tenemos desafíos para no repetir catástrofes sociales largamente sostenidas contra parte de nuestro propio pueblo. La ratificación del convenio 169 de OIT nos invita a reconocernos como un estado plurinacional, a reconocer a los pueblos indígenas como naciones, a incorporar en nuestras políticas públicas y en nuestras estrategias de desarrollo la consulta a los pueblos originarios de todo aquello que los concierna directamente, sobre todo cuando esté en riesgo su desarrollo y dignidad como pueblo. Esto significa; no más Presidentes que inunden territorio ancestral con represas hidroeléctricas arrasando con la historia y la dignidad de un pueblo –como lo hiciera el actual Senador y candidato Eduardo Frei el último día de su mandato al firmar Ralco. Significa también que la institucionalidad en materia indígena no puede constituirse sin la consulta a los pueblos originarios y, exige además, abandonar el uso abusivo y racista de la Ley Antiterrorista en contra de la lucha popular del pueblo mapuche.
Hacernos cargo de lo anterior significa comprender que los Derechos Humanos no son cosa del pasado, sino del presente y del futuro. Y que con la misma fuerza que condenamos en el pasado su violación, debemos defender en el presente su respeto irrestricto.
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